El derecho a la alimentación es un derecho humano reconocido por primera vez por las Naciones Unidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) en el año 1948.
Se trata de un derecho universal que establece que todas personas deben tener acceso a una alimentación adecuada, así como acceso a los recursos necesarios de forma sostenible y segura. Es el derecho a sustentarse a sí mismo y a la familia con dignidad.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure salud y bienestar, y en especial la alimentación, ropa, vivienda, asistencia médica y acceso a los servicios sociales necesarios. Para ello, es necesario que por parte de los Gobiernos se cuente con las capacidades y recursos suficientes y, establecer un sistema que garantice el acceso a la alimentación por parte de toda la población y, por tanto, la erradicación del hambre.
Numerosos países han incluido el derecho a la alimentación en sus constituciones y legislación. Para los 160 países que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se trata de un derecho jurídicamente vinculante. Los Estados son los principales titulares de la obligación de aplicar los derechos humanos, incluido el derecho a la alimentación. Ello implica que los parlamentos, el poder ejecutivo y judicial y todas las demás instituciones tienen funciones que desempeñar.
Las cifras del hambre van en aumento año tras año (una de cada nueve personas en el mundo padece hambre) y se han perdido años de avance a nivel mundial. La amenaza de no tener un plato de comida asegurado alcanza a un 27% de la población mundial, según los datos de la OMS. El debilitamiento de la economía se encuentra entre las principales causas de este problema; el ritmo desigual de la recuperación económica dificulta los esfuerzos de terminar con el hambre y la malnutrición. En un documento presentado por la OMS se ve reflejado el aumento del hambre en muchos países donde la economía se ha ralentizado o contraído. La mayoría de los países que experimentaron un aumento de la subalimentación entre 2011 y 2017 padecieron de forma simultánea episodios de desaceleración o de debilitamiento de la economía. Frente a todos estos datos se debe destacar y recalcar que el planeta produce suficientes alimentos de calidad adecuada para alimentar a toda la población mundial. Introducir en educación (desde colegios, institutos, universidades) programas de educación alimentaria y charlas sobre alimentación y nutrición ayuda a fomentar y concienciar a la sociedad de la importancia de estos aspectos. La educación nutricional es una oportunidad de generación de acciones en el desarrollo de programas de alimentación.
Ante la crisis de valores de la sociedad actual, la bioética ofrece una oportunidad para ayudar en el debate que provocan los problemas de desnutrición, malnutrición y hambre en países en vías de desarrollo frente a la situación opuesta de los países desarrollados, que se encuentran en un estado de sobrealimentación. Es insostenible éticamente que 800 millones de personas pasen hambre y otros 800 tengan obesidad.
La inseguridad alimentaria actual, que se define como “la incapacidad de una persona para consumir alimentos adecuados”, pone en peligro inmediato su vida o sus medios de subsistencia”; no solo contribuye a la desnutrición y el hambre, también incluye y colabora al aumento del sobrepeso y la obesidad, lo que explica la coexistencia de ambas formas de malnutrición en muchos países.
Con la pandemia de la COVID-19, garantizar el acceso a alimentos inocuos y nutritivos es una parte fundamental de la respuesta a la pandemia. El acceso a alimentos y los ingresos mensuales se ha visto restringido durante la pandemia, lo que ha dado lugar a una mayor crisis en los países menos favorecidos.
Organizaciones como la FAO desempeñan un papel cada vez más decisivo en la promoción del derecho a una alimentación adecuada a nivel mundial, regional y nacional. La FAO lleva a cabo una serie de acciones para la promoción de la alimentación, como son la estimulación de la producción agrícola, la cooperación económica y técnica entre países en desarrollo, concienciar a la sociedad sobre la situación actual del hambre en el mundo y fomentar todavía más el sentido de solidaridad nacional e internacional en la lucha contra el hambre, la malnutrición, la pobreza…
La cuestión de las pérdidas de alimentos es muy importante en los esfuerzos para combatir el hambre, aumentar los ingresos y mejorar la seguridad alimentaria en los países más pobres del mundo. Las pérdidas de alimentos afectan a la seguridad alimentaria de las sociedades más pobres, a la calidad y la inocuidad alimentaria, al desarrollo económico y al medioambiente.
Se desperdician, aproximadamente, 1.500 millones de toneladas de comida al año en el mundo, una cantidad que sería suficiente para dar de comer, al menos, a unos 2.000 millones de personas. En España, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente, cada español tira 180 kg de comida al año.
Podemos concluir que el derecho a la alimentación es un derecho humano. Es el derecho a tener un acceso permanente a los recursos que permiten producir, obtener o adquirir suficientes alimentos no solo para prevenir el hambre, sino también para asegurar la salud y el bienestar.
Cristina López de la Torre es profesora en el Grado de Nutrición Humana y Dietética y en el Grado en Biotecnología
