El 24 de noviembre de 2017, con bastante retraso, se ha aprobado en España el Real Decreto Ley 18/2017 que incorpora a nuestro ordenamiento lo establecido por la Directiva 2014/95/UE sobre información no financiera y diversidad por parte de determinadas grandes empresas y grupos.
Esta noticia debería ser motivo de gran alegría, pues indica que tanto las políticas europeas como las nacionales se van encaminando a visibilizar las acciones realizadas por nuestras empresas para mejorar nuestro medio ambiente y para garantizar la igualdad de género y el respeto por los derechos humanos. Sin embargo, la excesiva flexibilidad que se da a las empresas para cumplir con esta nueva obligación, unida a la escasa concreción sobre la información a aportar por las sociedades mercantiles en sus memorias, hace temer que esta iniciativa no tenga el impacto deseado.
Si bien parece que el Estado ha querido únicamente ‘cubrir el expediente’ cumpliendo con la transposición requerida, cabe esperar que las empresas voluntariamente asuman esta obligación de mínimos como una oportunidad para consolidar y visibilizar sus políticas sobre igualdad y fomento de la diversidad entre sus plantillas. La propia exposición de motivos de la nueva norma nos insta a integrar diversos marcos normativos nacionales e internacionales para conseguir este objetivo. Así, me gustaría remarcar iniciativas como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas o los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, que se desarrollan en el marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”.
Las empresas en general, pero las pymes en particular, deberían tomar conciencia de la importancia de potenciar la diversidad en sus plantillas, no solo porque exista una norma que nos lo exija, sino porque asumen con ello una gran ventaja competitiva.
Una empresa inclusiva y abierta a la diferencia que gestione adecuadamente la diversidad tendrá la capacidad de ver más allá de sus prejuicios, permitiéndole reclutar a los mejores candidatos. Tener una fuerza de trabajo diversificada, además, contribuirá a la innovación en los equipos de trabajo, facilitando la adaptación al cambio.
Además, el desempeño social de una empresa va más allá del cumplimiento de determinados objetivos económicos a corto plazo. Ser socialmente responsable es mucho más que destinar una partida del presupuesto anual a acciones sociales o patrocinios, se refiere a integrar en el ADN empresarial aquellos principios que implican un desarrollo social a la vez que económico. Por ejemplo, en términos de diversidad, la capacidad de una empresa para tomar el factor humano en cuenta cuando se persiguen sus objetivos económicos.
Ya que el legislador no ha sabido aprovechar la oportunidad que se le brindaba con la transposición de la normativa europea, confiemos en la iniciativa y responsabilidad de las empresas para avanzar hacia una sociedad inclusiva donde todos podamos ser iguales en la diversidad.
