Hemos iniciado el año con un primer sobresalto financiero: la Banca Carige, décima entidad financiera de Italia y vinculada sobre todo a la ciudad de Génova, ha tenido que ser intervenida por el Banco Central Europeo (BCE). En el fondo, se trata de algo que ya nos resulta conocido: desde que en tiempos del Gobierno Renzi (febrero de 2014-diciembre de 2016) fuera necesario rescatar hasta cuatro bancos, han ido cayendo más entidades financieras según transcurría el tiempo, destacando por encima del resto el Monte dei Paschi di Siena (MPS), por aquel entonces el tercero más importante del país tras Unicredit e Intesa San Paolo. Lo más llamativo ha sido, en ese sentido, que el rescate haya tenido lugar con el “visto bueno” de la coalición nacionalpopulista que gobierna el país desde junio del año pasado, ya que ambos partidos que componen el Ejecutivo se habían comprometido con sus votantes, durante la campaña electoral que condujo a las elecciones del 4 de marzo del año pasado, a que su gobierno (de lograr la confianza de los italianos) no pondría nada de dinero si una entidad financiera así lo requería. Buscaban, de este modo, diferenciarse de lo realizado por los dos ejecutivos anteriores (el presidido por Matteo Renzi y el encabezado por Paolo Gentiloni).
En efecto, ya en noviembre de 2015 Matteo Renzi, entonces presidente del Consejo de Ministros, tuvo que efectuar el rescate de hasta cuatro pequeños bancos. El problema es que en aquel momento se distrajo la atención sobre el trasfondo de uno de los bancos salvados. ¿A qué se debía esto? A que la Banca Etruria tenía como vicepresidente a Pier Luigi Boschi, padre de la entonces flamante ministra de Reformas Constitucionales Maria Elena Boschi. La realidad demostró que la Banca Etruria se encontraba al borde de la quiebra, porque, a pesar de recibir ayudas públicas, tuvo que ser liquidada. Pero lo que había quedado en evidencia ante los ojos italianos es que Renzi había cometido un flagrante “conflicto de intereses”, evitable si durante el fallido proceso de saneamiento, Pier Luigi Boschi hubiera dimitido de su cargo o, por el contrario, lo hubiera hecho su hija.
En cualquier caso, este asunto dañó mucho la reputación del por entonces en alza primer ministro Renzi, quien dominaba a placer la siempre compleja política italiana y para el que, a partir de entonces, todo sería mucho más difícil. La razón estaba en que, a diferencia del anterior gobierno, que duró año y medio, fue visto como un representante más de la tan denostada “casta” italiana. Prueba de ello es que un año y un mes después Renzi perdió claramente su referéndum constitucional y que, igualmente, en marzo de 2018 fue vapuleado por el electorado en los comicios generales, que le dieron la espalda de una manera abrumadora. En ese sentido, aunque no se puede dar por muerto a un político de tanto talento, el tiempo está demostrando que le va a resultar muy trabajoso volver a presidir un Consejo de Ministros si es que finalmente lo logra, pero ya se sabe que en la política italiana todo es posible.
La realidad es que los populistas de Cinco Estrellas, así como los ultranacionalistas de la Liga, no han tenido más remedio que darse un baño de realismo y poner fondos de las arcas públicas, contrariamente a lo que habían jurado y perjurado ante sus votantes en la pasada campaña electoral que les llevó al poder con amplia mayoría incluida. La pregunta que ahora todos se hacen en Italia es: ¿se ha inyectado dinero público en la Banca Carige porque se encontraba en muy mal estado o porque detrás de él podían ir otros bancos? Me temo que se debe más a lo segundo, en realidad, ya que la nación transalpina puede estar a punto de sufrir un colapso de su sistema financiero por no haber hecho nada durante años.
En efecto, la actual crisis bancaria se remonta al año 2009, cuando el PIB del país se contrajo más de cinco puntos y los numerosísimos bancos italianos tuvieron que conceder muchos créditos a empresas que, de no recibirlos, iban directamente a la quiebra. El problema es que, tras esta crisis, la economía apenas ha remontado: el año en que más creció el PIB nacional fue en 2017, con un alza del 1,6%, pero entre medias ha habido fuertes contracciones de la economía, como la de 2012, con un decrecimiento de 2,8 puntos, o la de 2013, con un decrecimiento de 1,7. Algo que ha tenido consecuencias directas sobre la capacidad de las empresas que recibieron los créditos para hacer frente al pago a sus acreedores.
En realidad, los bancos italianos tendrían que haber sido saneados de la misma manera que lo fueron los españoles en 2012, pero eso no sucedió por dos razones fundamentales: la primera, porque Italia disponía de mucho menor margen para el endeudamiento que sus vecinos españoles (el año 2011 acabó con una deuda sobre PIB nacional italiano del 116,5%, mientras la española estaba en el 69,5%, lo que supone hablar de una diferencia de casi 50 puntos); y la segunda, porque, mientras España se había quedado sin presencia en los organismos monetarios comunitarios (tan solo teníamos a José Manuel González-Páramo), Italia tenía al frente del BCE al nada más y nada menos que exgobernador del Banco de Italia, Mario Draghi, además de otros representantes transalpinos (el caso más paradigmático es el de Andrea Enria, pero hay más). Además, el panorama italiano no estaba precisamente para llevar a cabo un saneamiento drástico como el de España, ya que para los italianos resultaba ya de por sí bastante difícil de asimilar la dimisión forzada del IV Gobierno Berlusconi y su sustitución por el gobierno no político presidido por el economista Mario Monti, y todo ello por decisión de la llamada troika (FMI, BCE y Comisión Europea).
El problema es que los años han ido pasando y, salvo alguna fusión puntual, nada se ha hecho por acometer una amplia reforma de un sector que se calculaba, ya en diciembre de 2016, que tenía una cartera de alrededor de 350.000 millones de créditos morosos de cobro muy difícil o directamente imposible. En el caso de la recién rescatada Banca Carige, este tipo de créditos suponía el 27,5% de su capital total, frente a la media nacional, que se estima (aunque nadie lo sabe a ciencia cierta) en alrededor del 13%.
Cierto es que, en el caso concreto de la Banca Carige, la actuación del gobierno nacionalpopulista no puede decirse que nada tenga que ver con la debacle de esta entidad. Porque la Banca Carige se encuentra directamente vinculada a la actividad económica de un puerto tan importante como el de Génova, y este puerto ha perdido parte de su actividad después de que en agosto pasado el puente Morandi se derruyera parcialmente (recordemos que más de 100 metros de la estructura acabaron en el suelo). El actual Ejecutivo italiano no es responsable del mal estado en que se encontraba el puente (algo imputable única y exclusivamente a la empresa concesionaria, Autostrade per l´Italia), pero la coalición nacionalpopulista sí tiene toda la culpa de que se haya tardado más de cuatro meses en adjudicar la construcción de un nuevo puente al célebre arquitecto genovés y senador por designación presidencial Renzo Piano.
Decimos esto porque lo más grave de todo ello es que Piano entregó en el ayuntamiento de Génova el proyecto del nuevo puente completamente concluido ya en la última semana de agosto, pero las constantes discusiones sobre si debía ser reconstruido por el Estado (como exigía el Movimiento Cinque Stelle, aunque, eso sí, asumiendo el coste Autostrade per l´Italia) o si se debía aceptar la oferta que, antes de concluir agosto, hizo esta empresa concesionaria de reconstruirlo ellos mismos en un plazo máximo de ocho meses, ha llevado, en la práctica, a una excesiva dilación en el tiempo de la decisión a tomar, siendo el banco genovés muy gravemente perjudicado por la paralización de parte de la actividad económica de un puerto que surte de numerosas materias primas y productos a las empresas de Lombardía y Veneto, que a su vez las exportan al mundo entero.
La pregunta es cuándo se realizará este saneamiento para evitar una caída en cadena de los bancos, pero el actual gobierno italiano haría bien en aprovechar los meses que le quedan a Mario Draghi al frente del BCE (cesa en el cargo en octubre del año en curso) antes de que su lugar lo ocupe un ultraortodoxo que decida tomar medidas mucho más drásticas. Ya dijo Draghi en su momento que sobraban bancos en Europa y que en el conjunto de la UE debía haber un máximo de 50, pero la realidad es que solo en la mitad norte de su país se puede estar por encima de esta cifra. Una vez más, los gobiernos italianos aplazando sine die la solución a un problema que puede ser de una gravedad extraordinaria y que en más de un caso puede afectar a bancos considerados “sistémicos”, como Unicredit. Es, sencillamente, cuestión de tiempo.
