La Composición del Parlamento Europeo en la legislatura 2019-2024
Los resultados en las pasadas elecciones europeas manifiestan una politización del espacio Europeo que hasta hace pocos años no existía[1]. Esto nos impide seguir denominándolas como elecciones de segundo orden[2]. La participación en conjunto ha aumentado un 8% en comparación con los anteriores comicios, cuya participación ascendió en conjunto al 50,63% del censo electoral y se observa una fragmentación del voto. El Partido Popular Europeo ha perdido hasta 39 escaños, aunque sigue a la cabeza en el número de parlamentarios, con 182; mientras que el Partido Socialista Europeo ha perdido 31, permaneciendo como segunda fuerza política; el grupo de los Liberales se posiciona como la tercera fuerza, con 108 escaños; y los Verdes, con 74.
Entender este resultado conlleva un ejercicio de contextualización[3] porque las nuevas fuerzas políticas que han accedido por primera vez al Parlamento se ubican a ambos lados del espectro político mayoritario. Se observa un ligero aumento en el conjunto de partidos que quieren erosionar la capacidad de acción de la Unión Europea en un escenario global, restándole competencias y retornando el poder a los Estados miembros[4]. Los principales protagonistas de estas singulares peticiones son viejos conocidos[5]. Serían los italianos a través de la Liga, británicos, checos, húngaros o incluso españoles, que bajo dispersas y confusas siglas se aglutinan en varias familias políticas como Identidad y Democracia o los Conservadores y Reformistas europeos, cuyo entendimiento es complejo de explicar y entender[6].
Por otro lado, también se puede observar que la corriente federalista se ha introducido abiertamente en el Parlamento Europeo ya que por primera vez en Europa un partido se ha presentado simultáneamente a las elecciones europeas en ocho Estados miembros, con el mismo nombre e idéntico programa, y cuyos integrantes no superan los 35 años de media. Podríamos destacarlos como partidos de la era digital que triunfan por el progreso de las redes sociales entre un público mayoritariamente de jóvenes que son nativos tecnológicos[7]. Volt Europa entra dentro de esta tipología de partidos. Está recién fundado por jóvenes de Italia, Francia y Alemania, con más de 45.000 militantes de toda la Unión Europea que tienen la clara intención de avanzar en la consecución de un Estado federal europeo, y se posiciona como la gran promesa de la integración en el futuro, con sus más de 450.000 votos en las pasadas elecciones que les ha facilitado, solo por la circunscripción de Alemania, su único escaño[8].
Es un claro ejemplo, por tanto, de que la Europa política y cívica experimenta un verdadero renacimiento; que tras el fenómeno del brexit, los ciudadanos europeos comienzan a organizarse en defensa de la Unión y se revuelven contra la división y la discordia que pueden llegar a hacer retroceder a la integración comunitaria[9].
La nueva Cámara parlamentaria resultante de las elecciones tuvo como responsabilidad primordial convalidar la elección de la alemana Ursula von der Leyen, escogida por los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de 2 de julio de 2019 como sucesora de Jean Claude Juncker al frente de la Comisión Europea. Dos semanas más tarde, con un ajustado margen, consiguió el respaldo del Parlamento Europeo y se convirtió en la primera mujer elegida presidenta del Ejecutivo comunitario por primera vez en la historia de la integración europea[10].
Los principales retos de la Comisión Europea (2019-2024)
Los principales retos que la Comisión Europea tiene por delante en los próximos cinco años han sido expuestos por expertos[11], pero podemos destacar aquellos que la propia Ursula von der Leyen expuso en su discurso ante el Parlamento Europeo[12]. Su agenda política destacó seis ejes reformistas fundamentales que desarrollaremos a lo largo del presente trabajo.
Un Pacto Verde Europeo
Europa tuvo un papel primordial a la hora de cerrar los objetivos en la cumbre del clima de París y establecer un documento vinculante para los Estados, donde la comunidad internacional en su conjunto se comprometía a disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero para que no entrase el calentamiento global[13]. Además, debemos recordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), hoja de ruta emanada desde las Naciones Unidas que invita a todos los Estados a cumplir con una serie de objetivos. Entre ellos, la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y asegurar el cuidado del medio ambiente a través de la implantación de una economía circular que facilite a las próximas generaciones la vida en la tierra[14].
En una carrera desesperada, donde los expertos alertan contra las inminentes consecuencias de una inacción política[15], la Unión Europea se ha propuesto poner por delante la agenda sostenible, trazando un Pacto Verde Europeo que tiene que conducir a un Continente completamente neutro en emisiones de gases para el año 2050. Un compromiso de estas características no solo exige un esfuerzo por parte de las administraciones públicas, también de los operadores privados, las empresas y los ciudadanos, quienes tendrán que cambiar sustantivamente sus hábitos de vida o modos de producción[16].
La emisión de gases de efecto invernadero de una manera descontrolada en las últimas décadas[17] no solo amenaza la salud[18] y la viabilidad de la especie humana, sino que también ocasiona serios perjuicios que se suman a los ya generados por la contaminación por plásticos[19] o los grandes incendios que asolan hectáreas enteras de bosques sin control y emiten toneladas de CO2 a la atmósfera[20]. En la cumbre del clima en Katowice, Polonia, los líderes mundiales fueron escasamente ambiciosos a la hora de establecer una agenda de compromisos para implementar el Acuerdo de París, aun siendo conocedores de las advertencias que formulaba el Panel de Expertos Científicos propuestos por las Naciones Unidas[21]. De hecho, las administraciones públicas deben implementar lo más rápidamente posible una economía circular, donde los residuos sean reutilizados hasta su máxima expresión[22].
En ese difícil camino que queda por recorrer hacia un nuevo modelo de mayor sostenibilidad, la Comisión Europea se encontrará con la resistencia de los Estados miembros a la hora de aprobar el Pacto Verde Europeo y el lanzamiento de bonos[23]. Las propuestas normativas que se realicen en los 100 primeros días de mandato llegarán simultáneamente al Consejo y al Parlamento Europeo, y los representantes de los Estados miembros, los ministros, posiblemente rebajarán de manera considerable el grado de ambición del pacto para evitar costes económicos en sus respectivos territorios.
A la vista está, los Estados no van a facilitar a Europa transitar hacia la economía verde, especialmente si los ciudadanos no presionan a los gobiernos nacionales[24] ya que, en el caso de países como Rumania, Bulgaria, Hungría o Polonia, anteponen el consumo interno y la necesidad de seguir creciendo para continuar extrayendo, importando y consumiendo carbón frente a políticas más sostenibles. No podemos obviar en nuestro análisis que sin “las convicciones y la energía de los millones de jóvenes que han hecho oír su voz en nuestras calles y en nuestros corazones”[25], la futura presidenta de la Comisión habría sido incapaz de proponer en su discurso una prioridad de estas características como primer punto de su agenda política. En la medida en que dicha presión persista y se amplifique, se podrá cambiar el rumbo en el crecimiento de Europa, aproximándose cada vez más a la neutralidad de emisiones y a los parámetros de una economía circular.
Una economía que funcione en pro de las personas
El segundo eje de la Comisión Europea es precisamente recuperar el crecimiento económico, pero volviendo a ubicar en el centro de su actuación a las personas. Una Europa que demuestre ser más justa en lo social, y que reparta más la riqueza facilitando que la prosperidad llegue a todos los estratos de la sociedad, sería capaz de evitar la deriva populista en las elecciones más críticas[26]. Podrían parecer palabras huecas, pero en realidad, Ursula von der Leyen saca pecho de la economía social de mercado de la Unión Europea, que “reduce la pobreza y la desigualdad, y garantiza la prevalencia de la justicia y el bienestar sociales”.
No podemos restarle crédito a sus palabras, pero sí podemos señalar que la grave crisis económica acontecida en el Continente con la quiebra de Lehman Brothers en el año 2008 supuso la pérdida de millones de puestos de trabajo, con retrocesos económicos de buena parte de los países de la Eurozona y la quiebra de economías que tuvieron que ser saneadas como la griega, la irlandesa o la portuguesa; e incluso España recibió un préstamo[27].
El verdadero reto que debe asumir en el presente eje es la reforma de la Unión Económica y Monetaria porque actualmente es sumamente imperfecta[28]. Bajo el actual diseño de los tratados, no existe un presupuesto para los países de la zona euro[29], no existe un colchón al que recurrir en caso de extrema y urgente necesidad. Los Estados han tenido que crear herramientas ex novo al margen del derecho originario para solventar la crisis a medida que se observaban elementos que fallaban en el diseño jurídico de la Unión. Esta es una de las características que constatamos cuando en la Unión Europea predomina el intergubernamentalismo, donde las soluciones se producen a golpe de improvisación y con el consiguiente coste humano, económico y social ante la inexcusable demora por parte de los líderes políticos europeos en la resolución de las crisis.
Hemos constatado asimismo que los Estados no responden de manera solidaria ante los mercados internacionales, independientemente del hecho de que compartan una misma moneda. En caso de emisión de deuda, cada uno responde individualmente ante los prestamistas, con el consiguiente aumento de la prima de riesgo en millones de euros de presupuesto que se destinan al pago de los intereses y que en última instancia repercute negativamente sobre el gasto social, aumentando la desigualdad y la desprotección de los ciudadanos.
Consecuentemente, nos encontramos con una Unión Bancaria sin culminar[30], una economía prácticamente estancada[31] y cuyo crecimiento es muy escaso, que además observa en el horizonte la posible llegada de una recesión mundial por la guerra comercial que actualmente mantienen dos grandes superpotencias, los Estados Unidos y China[32]. En ese sentido, la Organización Mundial del Comercio, como organismo internacional que dirime las diferencias entre Estados a nivel comercial, está viéndose abocada a la parálisis por falta de renovación de sus miembros en el Tribunal de Arbitraje, y los Estados de la comunidad internacional desconfían cada vez más unos de otros[33].
Los flujos de comercio mundial se están resintiendo frente a las bravuconadas y salidas de tono de ciertos líderes mundiales y la peligrosidad de algunas rutas comerciales que vuelven a estar asaltadas por la piratería[34] o la actitud irresponsable de algunos gobiernos[35]. Es posible que las economías de la eurozona, especialmente aquellas volcadas hacia las exportaciones, sufran seriamente en los años venideros. Es probable, entonces, que Europa vuelva a entrar en recesión, algo que muchos ya dan hoy por sentado[36].
Las capacidades de actuación de la Comisión son limitadas, pero no perderá la oportunidad de asumir, en primer lugar, un apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que puedan innovar, facilitando que los jóvenes y las nuevas tecnologías se abran paso en dichos negocios y puedan competir contra los gigantes tecnológicos. La prioridad será elaborar una estrategia específica para las pymes, al mismo tiempo que se concluya la Unión de los Mercados de Capitales para que puedan acceder a financiación.
El segundo pilar conlleva la profundización de la Unión Económica y Monetaria, por la que se tiene que culminar la unión bancaria[37], además de crearse un presupuesto de convergencia y competitividad para la zona euro, unido al establecimiento de un sistema europeo de garantía de depósitos y el reforzamiento del papel internacional del euro con una figura que cobre protagonismo internacional, que sea capaz de hablar en nombre de la eurozona en los foros internacionales[38]. Demandas que se vienen exigiendo desde hace años, pero que los Estados se resisten a implementar por las oposiciones nacionales a la cesión de competencias a la Unión Europea.
El pilar económico resulta esencial, pero no es menos cierto que la política social europea requiere de un reforzamiento lo suficientemente amplio como para devolver la esperanza a millones de ciudadanos, que habían perdido la referencia de un pilar europeo de derechos sociales tras la era de la modernización[39]. Por ello, aunque Von der Leyen sea conservadora, está dispuesta a implementar medidas típicamente socialdemócratas, garantizando que en la Unión Europea exista un salario mínimo justo mediante el establecimiento de un diálogo social no solo con los trabajadores, a través de los sindicatos, sino también con la patronal que representa a los empresarios. Todo con el fin de mejorar las condiciones laborales y la dignidad de los trabajadores, que tanto tiempo vienen demandando en los cien años de historia la OIT a los Estados[40].
La Unión Europea debería ser un referente en ese sentido, máxime cuando tendría que quedar establecido en una legislatura el sistema europeo de reaseguros de prestaciones por desempleo, esto es, un desempleo europeo. Asimismo, la Comisión no puede quedar indiferente ante la creciente desigualdad y el aumento de la pobreza, que lleva aparejado un crecimiento de la aporofobia en el continente[41], porque “es una vergüenza colectiva que casi 25 millones de niños menores de 18 años se encuentren en riesgo de pobreza o exclusión social”[42].
La próxima Comisión creará una Garantía Infantil Europea, que siguiendo el modelo de la Garantía Juvenil diseñada y planificada durante la legislatura de Jean Claude Juncker para hacer frente a los millones de jóvenes en paro y facilitarles su acceso al mercado laboral[43], dotará de financiación a los Estados para que exclusivamente se ayude a la infancia y garantice “que todos los niños de Europa que se encuentren en riesgo de pobreza o exclusión social tengan acceso a los derechos más básicos, como la asistencia sanitaria y la educación”[44]. Como todos los proyectos de la Comisión Europea, su dotación presupuestaria dependerá de las partidas asignadas a nivel comunitario, con una cantidad final que oscilará en función de lo que consensúen los Estados en el seno del Consejo, con mayor o menor cantidad en la medida en que asuman con ambición un plan de lucha contra la pobreza infantil[45].
De la misma manera, la igualdad será uno de los elementos centrales del discurso y de las medidas políticas que adoptará la próxima Comisión Europea. La Unión es consciente de la existencia de una brecha entre hombres y mujeres lo suficientemente importante como para comenzar una agenda de trabajo donde se proponga legislación que luche contra la discriminación y se establezca una nueva estrategia europea de género para evitar que las mujeres ganen un 16% menos que sus compañeros los hombres, a pesar de que poseen una mejor cualificación[46].
Entre las medidas estrella para la próxima legislatura, el Ejecutivo propondrá en los primeros 100 días de mandato medidas para incentivar la transparencia salarial, se buscará el equilibrio de género en los consejos de administración y exigirá un Colegio de Comisarios igualitario, donde no predominen más los hombres que las mujeres.
Una igualdad de género que no solamente tiene que estar presente en el ámbito más puramente económico o institucional, sino también en el sector doméstico; y, concretamente, se comenzará a luchar contra la violencia dentro del hogar porque centenares de mujeres mueren al año en la Unión Europea a manos de sus parejas. Además, uno de los retos que tiene Europa por delante es transmitir a la mujer que sus demandas serán escuchadas, por lo que se articularán los mecanismos necesarios para que su vida y su integridad sean respetadas en cualquier país de la Unión[47].
Foto cortesía de la Comisión Europea, del futuro colegio de Comisarios bajo la presidencia de Ursula von der Leyen.
En la igualdad también se comprende el respeto por las “diferentes identidades nacionales y culturales que conforman el mosaico de nuestra identidad”[48]. Una referencia explícita a la posible proposición normativa de salvaguarda de los derechos de las minorías y que actualmente la Unión Europea carece de mecanismos legales para vigilar que los Estados respetan plenamente la diversidad dentro de sus territorios, en especial de los grupos minoritarios.
El último eje de las políticas sociales se centraría en la equidad tributaria, uno de los ámbitos donde Europa tiene que responder con mucha presión dadas las actuales circunstancias, acusada de permisividad por el mantenimiento de paraísos fiscales en distintos Estados de la unión[49]. El compromiso de la presidenta electa de la Comisión es “que todo el mundo pague lo que le corresponde, sin excepciones”.
Un verdadero reto que supondrá dentro de la Unión una regulación sobre las tasas internacionales de las sociedades que operan en el territorio comunitario, buscando un equilibrio tributario equitativo y justo para las empresas físicas y las que operan en el marco digital. En ese sentido, la Unión Europea deberá posicionarse como un baluarte en la lucha contra la evasión fiscal, el fraude en todos los ámbitos[50] que erosionen recursos a los Estados para ejecutar sus políticas sociales[51]. Uno de los elementos más innovadores será la creación de un impuesto digital justo, que deberá estar culminado para antes de finalizar el año 2020, que grave las transacciones financieras en el ámbito digital[52].
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