El 20 de junio ha sido el día Mundial de las Personas Refugiadas, y unos días antes se ha hecho público el informe de Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2019 de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, que retrata la situación – previa a la pandemia- de las personas desplazadas en el mundo. De cara a poder apreciar la magnitud del fenómeno, se arrojan, a continuación, los datos principales de dicho informe.
En 2019 ha habido una cifra histórica de 79,5 millones de personas desplazadas en el mundo (26 millones refugiados y 45,7 millones desplazados internos), lo que representa el 1% de la población mundial. De ellos, casi la mitad (40%) son menores de edad (entre 30 y 34 millones). El número de refugiados se ha duplicado en el mundo en una década pasando de unos 10 millones en 2010 a unos 20,4 millones a finales de 2019.
Las causas principales son varias: “persecución, conflicto, violencia, violaciones de los derechos humanos o eventos que alteraron gravemente el orden público” (ACNUR, 2020, p.2), así como desastres climáticos.
Casi el 70% de todas las personas desplazadas proceden de cinco países: Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. El 73% de estas personas busca asilo en un país vecino como Colombia o Pakistán.
Según datos del Ministerio del Interior español, en el territorio nacional se han realizado 118.264 solicitudes de asilo en 2019, más del doble que el año anterior. La mayoría procede de países de Latinoamérica (80%). Sin embargo, la tasa de aprobación de solicitudes ha sido únicamente del 5%, alejada del 26% que hubo en 2018, o en torno al 30% en Europa.
Este año 2020, el día Mundial de las Personas Refugiadas ha sido diferente al existir la pandemia.
Sus consecuencias han sido –y lamentablemente siguen siendo– terribles en todo el mundo, dejando miles de muertos; acentuando las desigualdades socioeconómicas ya existentes y empeorando la situación de precariedad y vulnerabilidad de los colectivos que más sufren, como las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Hablamos de solicitantes de asilo y no solo de refugiados ya que muchas personas no tienen el estatus de refugiado, que no es fácil de conseguir.
Evidentemente, los flujos migratorios se han visto afectados por la pandemia. Muchas personas de dicho colectivo se encuentran estancadas entre el país de destino al que querrían acceder para salvar sus vidas y el país de origen del que huyen. De hecho, según datos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), el número de solicitudes de asilo registradas en la Unión Europea en abril se redujo en un 87% respecto a principios de año debido al cierre de fronteras de numerosos países para intentar frenar la pandemia.
Además, dichas personas se exponen más al virus que los demás ya que viven, en la mayoría de los casos, hacinadas y en lugares donde no es fácil acceder a servicios tan básicos como el agua potable, la comida o el baño.
Al mismo tiempo, algunas se enfrentan a una gran crisis socioeconómica al no poder trabajar en actividades normalmente precarias, que no suelen estar regladas. De esta manera, se encuentran sin recursos económicos, sin protección social y, por lo tanto, en riesgo de exclusión. En otros casos, las personas migrantes trabajan en condiciones extremas, en un trabajo precario y mal pagado como, por ejemplo, en el campo, sector indispensable para que la sociedad consuma y se alimente. Ejemplo de ello es el reciente caso de Eleazar Blandón, un jornalero al que abandonaron en un centro de salud de Murcia y que falleció. Se pudo comprobar que había trabajado largas horas en el campo, con unas temperaturas que superaban los 40 grados y sin agua. Es un ejemplo de la situación precaria en la que viven muchos migrantes que trabajan en el campo y de cómo la solicitud de asilo de Eleazar se interrumpió a raíz de la COVID-19.
Además, el contexto actual de miedo a la pandemia ha acentuado el racismo, lo que tampoco favorece a los migrantes en general.
Si el objetivo, a largo plazo, es vivir en un mundo más inclusivo e igualitario, es necesario incentivar una serie de recomendaciones de cara a las personas desplazadas a nivel internacional. Estas son algunas de ellas.
La primera sería la más urgente: la atención y el acceso a los servicios básicos de las personas desplazadas, como son la comida, el agua potable, la ropa, la higiene, la salud, un lugar para vivir en condiciones salubres, y apoyo legal y psicológico.
También se necesita garantizar el derecho de asilo, no devolver a las personas desplazadas a sus países de origen del que huyen, y que todas las personas tengan acceso a los mismos derechos básicos. Igualmente, debería haber un compromiso real y acuerdos entre los gobiernos a nivel global para contar con tránsitos seguros y legales, y apostar por la acogida, la protección y la inclusión de las personas refugiadas o solicitantes de asilo en la sociedad de destino; de esta manera se recobraría el espíritu del reciente Pacto Mundial sobre Migración y Refugiados.
Finalmente, es necesario lograr la concienciación de la sociedad sobre lo que está viviendo este colectivo y luchar contra el prejuicio, la discriminación y el racismo, sin hacer distinciones entre ellos y nosotros. No perdamos de vista el gran número de menores que viven en esta situación y la importancia de su acceso a la educación, así como evitar situaciones de violencia y abuso sobre la infancia.
Esta pandemia supone grandes retos y dificultades que nos enfrentan a lo desconocido y la incertidumbre, y no es una situación nada fácil para nadie.
De cara a esta preocupante situación, se necesita de una respuesta socioeconómica y sanitaria internacional que nos incluya a tod@s, independientemente de la nacionalidad, la cultura, la clase social o el color de la piel, recordando que “tod@s fuimos, somos o seremos migrantes”.
Leticia Florez-Estrada es profesora de Sociología en el Grado en Relaciones Internacionales y el Grado en International Business
