El debate sobre la viabilidad de nuestro actual sistema de pensiones está presente desde hace muchos años y son muchos los economistas que venimos alertando sobre la fragilidad e inviabilidad del mismo. Antes de realizar un análisis sobre el sistema de pensiones español, su situación en la actualidad y la legitimidad, o no, de las reivindicaciones de los pensionistas, debemos tener claro qué entendemos por pensiones ya que, si bien la pensión de jubilación es la primera que se nos viene a la cabeza, no menos cierto es que existen otras tipologías dentro de este epígrafe. Encontramos cinco tipos de pensiones en el sistema de Seguridad Social español: Jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de otros familiares. El presente artículo se centrará principalmente en la pensión por jubilación, que absorbe más del 71% del dinero destinado al conjunto de pensiones en España.
En España disfrutamos actualmente de un sistema de reparto por el que se destinan los pagos por cotizaciones de los trabajadores actuales para satisfacer los pagos a los pensionistas de este mismo periodo. Esto es, lo que cotizamos como trabajadores no se destina al pago de nuestras propias pensiones futuras, sino al pago de las mensualidades de los pensionistas actuales. Existen, por supuesto, alternativas a este sistema siendo las principales el sistema de capitalización y el sistema mixto. El sistema de capitalización consistirá en que las cotizaciones de cada trabajador se capitalizan durante su vida laboral, esto es, se reinvierten durante los años en que está activo para que, en el momento de su jubilación, pueda disponer de sus propios ahorros capitalizados, esto es, con intereses acumulados. Como alternativa a estos dos sistemas encontramos un sistema mixto, en el que parte de las cotizaciones van a pagar a los actuales pensionistas y otra parte, a una hucha personal de cada asalariado.
Se puede debatir sobre lo justo o injusto de nuestro actual sistema de reparto. Sin embargo, lo que está cada vez más claro y ya casi ningún académico pone en duda es que el presente sistema de reparto resulta beneficioso para los actuales pensionistas. Existen estimaciones que señalan que un pensionista actual en España recibe (consume) en sus primeros 15 años de jubilación el total de sus cotizaciones aportadas como trabajador (y las realizadas por su empresa) a lo largo de toda su vida laboral. Esto es, si los actuales pensionistas hubieran tenido un sistema de capitalización por el que cobrasen exclusivamente lo aportado, y no de reparto como el que disfrutan actualmente, estos dispondrían, manteniendo sus niveles actuales de pensiones, de cobros por este concepto hasta los 80-82 años. A partir de ese momento dejarían de recibir ingresos.
Podemos aproximar fácilmente con datos estas cifras y comprobar que no están alejadas de la realidad. Si asumimos un trabajador cotizando en el régimen general con una base de cotización media de 2.500 euros durante su vida laboral (cotizaría menos al principio, y más al final), pagará entre cotizaciones del propio trabajador y cotizaciones de la empresa cerca de 725 euros al mes (en 14 pagas, 10.150 euros/año). Suponiendo 40 años de cotización y capitalizando esos pagos, estos se acercarían a 550.000 euros en valor actual, esto es, en “euros de hoy”. Si ese trabajador está recibiendo actualmente la pensión máxima (37.231 euros/año), o cercana a la máxima (hecho habitual si sus últimos años trabajados cotizó a bases elevadas), encontramos que la cifra de 15 años es ajustada y no se aleja mucho de la realidad.
Analicemos ahora los datos de pensión media y su evolución para contextualizarlo con el conjunto de asalariados en España. Con datos de finales de abril de 2009, encontramos que la pensión media de jubilación en España se situó en 1.135,25€, continuando una tendencia alcista que se viene dando históricamente en nuestro sistema de pensiones. Con datos de 2019 observamos cómo en el periodo de enero a marzo las pensiones por jubilación se incrementaron en un 0,56% trimestral. Este porcentaje puede parecer reducido, sin embargo anualizando la cifra nos encontramos con incrementos del 2,25% anual. Las razones detrás de estos últimos incrementos se encuentran en distintos orígenes. Por un lado, se está produciendo en nuestra sociedad un incremento en el número de pensionistas que acceden a la jubilación. Adicionalmente, estos nuevos pensionistas ganan más, esto es, han cotizado a bases de cotización superiores que los que ya están en el sistema, y entran en ese sistema con pensiones más elevadas que la media. Finalmente, y capítulo aparte, encontramos las decisiones sobre revalorización de las pensiones llevadas a cabo en 2018. En 2013 se alcanzó un acuerdo presupuestario que vinculaba el crecimiento en la factura de las pensiones al crecimiento económico de la economía española y a la situación de las arcas de la Seguridad Social. Este acuerdo fue revisado al alza en 2018, vinculando el alza de las pensiones al IPC e incrementándolas en un 1,6% (estimación del IPC) con carácter general y en un 3% las pensiones mínimas. Teniendo en cuenta que para los próximos años, 2020 y 2021, las estimaciones de inflación que realiza Banco de España son, respectivamente, 1,60% y 1,70%, es claro que con un sistema de vinculación la factura por este concepto seguirá creciendo.
Entonces, ¿son justas las reivindicaciones de los pensionistas (jubilados, en su mayoría) que hemos visto durante el último año en las calles de media España? Para responder a esta pregunta debemos analizar varios datos y contextualizar las situación de estos pensionistas respecto a la situación de los trabajadores.
El salario medio en España durante 2018 ascendió hasta los 1.677 euros al mes. Siendo nuestra pensión media por jubilación 1.135 euros/mes, nos encontramos en que un jubilado en España gana, de media, el 67% de lo que gana un trabajador, un porcentaje elevado si lo comparamos con otros países de nuestro entorno. Al analizar lo elevado de este porcentaje debe tenerse en cuenta también el perfil del gasto del trabajador y del pensionista. En el primer caso encontramos familias con elevadas cargas financieras y familiares, mientras que en el segundo caso gran cantidad de esas cargas ya han sido satisfechas en años anteriores. Nos encontramos, por tanto, con una gran masa de pensionistas con mayor disposición de rentas que muchos de los trabajadores actuales.
Adicionalmente, observamos que la evolución desde 2008 tanto de pensiones como de salarios ha sido abiertamente favorable a aquellas. Desde que estalló la crisis financiera global en 2008, el salario medio en España ha experimentado un incremento cercano al 20% en 10 años. Las pensiones por jubilación han superado ampliamente esta subida pasando de una pensión media de 806,42 euros en enero de 2008 a la actual pensión media de 1.135 euros (+40%).
Uniendo estos dos datos a lo beneficioso del sistema de reparto para los actuales pensionistas, podemos afirmar que el sistema está lejos de ser sostenible y las reivindicaciones de subidas de pensiones, lejos de ser solidarias con quienes actualmente las financian, los trabajadores. Y un incremento de cotizaciones no hará sino agravar el problema. Los incrementos de cotizaciones a las empresas elevarán automáticamente los costes variables de las mismas con la consiguiente repercusión en un menor índice de contrataciones. Por otro lado, derivar mayores recursos de los trabajadores hacia los pensionistas tiene una consecuencia perniciosa para la economía que merece la pena analizar. La propensión marginal al consumo, esto es, lo que cada persona gasta por cada euro ingresado, es muy superior en el segmento de personas asalariadas que en el segmento de personas jubiladas. Exigir mayores cotizaciones a los primeros deprime inevitablemente la economía, detrayendo recursos de un segmento poblacional más consumista y dinámico en cuanto a realización de inversiones, a favor de un segmento mucho más conservador.
La viabilidad del sistema es otro problema. El incremento de la pensión media analizado viene unido al incremento en gasto total por pensiones. Sin querer entrar a fondo en esta materia, aportaré varios datos. El déficit generado por pensiones en 2018 alcanzó en España el 0,9% del PIB, mientras las estimaciones del gobierno para los próximos años son 14.000 millones de euros de déficit para 2019, 11.000 millones en 2020 y 5.000 millones en 2021. Aunque estas previsiones, ciertamente optimistas, se cumpliesen, nos encontraríamos con un déficit acumulado en 3 años de 30.000 millones de euros, y este déficit hay que financiarlo de alguna manera. O emitiendo deuda o incrementando impuestos. Si hacemos el ejercicio de dividir esa cifra entre los 47 millones de españoles, tocará casi a 640 euros por ciudadano, incluyendo niños, solo por este concepto y eso siendo optimistas y aceptando por buenas las previsiones. Está claro, por tanto, que nos encontramos frente a un problema de sostenibilidad y que este no debe intentar solucionarse mediante la subida indiscriminada de las pensiones ni mediante el aumento de cotizaciones, ni muchísimo menos mediante subidas de impuestos.
El primer caso es a todas luces insolidario, y el segundo y tercero, ineficiente desde el punto de vista económico. Las políticas actuales giran en torno a estos dos puntos y no deja de ser, utilizando un símil sanitario, tratar de curar infecciones con aspirinas; o dicho de otro modo, atacar los síntomas pero no el origen del problema. Y el origen del problema en España son dos: el empleo y la escasa tasa natalidad. Es urgente promover políticas de empleo como una prioridad nacional en el que empresas y universidades vayan de la mano en enriquecer a la sociedad con trabajadores de calidad. Y en segundo lugar, deben promoverse políticas que incentiven la natalidad, no ya mediante subvenciones, que está demostrado que no aportan mucho más allá de un trasvase de rentas. Estas políticas deben ser de tipo fiscal, incentivando a las parejas trabajadoras a tener varios hijos mediante importantes beneficios fiscales en sus declaraciones de impuestos. Solo así, con incrementos del empleo de calidad e incentivos a la natalidad, podremos atacar esta dolencia en su origen y conseguir una sociedad más sana y equilibrada en que todos participemos y recibamos los frutos futuros en su justa medida.
